La Unión por el Patrimonio alerta

La Unión por el Patrimonio alerta del riesgo de transferir a los ayuntamientos las competencias sobre los bienes culturales

• Cuatro asociaciones almerienses pertenecen a la Unión por el Patrimonio: Amigos de la Alcazaba, Athenáa, Abuxarra y Acuíferos Vivos

• La organización estatal está formada por asociaciones en defensa del patrimonio de 9 comunidades autónomas y está presidida por Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba

La Unión de Asociaciones por la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural y Natural, que está formada por asociaciones en defensa del patrimonio de nueve comunidades autónomas y que preside la almeriense Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba, alerta sobre los riesgos que supone para el patrimonio cultural la posibilidad de trasferir a los ayuntamientos las competencias autonómicas sobre autorizaciones e intervenciones en los bienes culturales, por la ausencia de garantías suficientes y condiciones previas. Cuatro  asociaciones almerienses se integran en ella:  Amigos de la Alcazaba, Athenáa, Abuxarra y Acuíferos Vivos.

Esta advertencia de la Unión se produce a consecuencia de la aprobación de la Xunta de Galicia de un cambio de la normativa vigente, en vigor desde el 1 de enero, sobre intervenciones en bienes catalogados (no en BIC), sus entornos de protección y zonas de amortiguación, por la cual ya no será necesaria la autorización previa de la Consellería de Cultura, que delega esta tarea a los municipios.  Todo ello “a fin de agilizar y desburocratizar la gestión patrimonial”.

Según la Constitución española (art. 46), todas las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos, están obligadas a velar por nuestro patrimonio. Por ello, la Ley de Patrimonio Histórico Español admite que las comunidades autónomas puedan delegar competencias en los ayuntamientos, pero la Unión considera que esto no debe hacerse sin las garantías y dotación de medios necesarias, así como con la supervisión de la respectiva Comunidad Autónoma, como establece ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La experiencia demuestra que la falta de recursos técnicos y personal especializado es la norma incluso en las grandes ciudades, por lo cual está justificado el temor de que los municipios pequeños no puedan hacer frente a estos desafíos, ya que no suelen disponer de profesionales cualificados en temas patrimoniales, hasta el punto de que en ocasiones no tienen o no están actualizados sus propios catálogos, precisamente por la falta de los recursos económicos necesarios

La Unión por el Patrimonio recuerda que toda intervención en un bien cultural debe contar con profesionales cualificados y someterse a supervisión técnica experta, tal como establecen los Convenios Internacionales de Granada (1985) y Faro (2005), así como en los principios recogidos en las Cartas de Venecia (1964) y Cracovia (2000) de ICOMOS, a fin de garantizar que la conservación se base en criterios científicos y en el respeto a la autenticidad del bien y la importancia de su función social. Además “muchas veces -advierte Maite Pérez, presidenta de la Unión- la cercanía entre promotor y gobierno local, positiva en otros ámbitos, puede generar conflictos de interés y debilitar el control técnico exigido en la protección del patrimonio.

Por todo ello la Unión por el Patrimonio solicita que la delegación de competencias en materia de patrimonio a los municipios se acompañe siempre de la necesaria dotación material y técnica. Resulta igualmente imprescindible reforzar los departamentos de Patrimonio de las comunidades autónomas y garantizar su supervisión sobre los ayuntamientos con competencias delegadas. “Es necesario promover la formación en oficios tradicionales y reforzar la cultura de la conservación como inversión social. Así como una buena conservación mantiene vivo nuestro patrimonio, seña de identidad y riqueza, una mala intervención puede destruir siglos de historia” concluye la presidenta.